Afganistán vive una nueva fase de retroceso extremo en los derechos humanos de mujeres y niñas tras la aprobación de un nuevo código penal impulsado por las autoridades talibanes que, según expertas y organizaciones especializadas, equivale en la práctica a legalizar la esclavitud doméstica y la violencia en el hogar.
Diversos análisis jurídicos señalan que esta normativa coloca a las mujeres en una posición similar a la de personas esclavizadas, subordinadas al poder casi absoluto de sus esposos y otros hombres de la familia, quienes quedan facultados para imponer castigos físicos bajo el argumento de corregir supuestos pecados o desobediencias.
El nuevo marco legal, conocido como Reglamento de Procedimiento Penal para los Tribunales, fue aprobado por decreto del líder talibán sin debate público y empezó a aplicarse de inmediato, consolidando una arquitectura de impunidad para agresores dentro del hogar y la comunidad.
La regulación permite que cualquier hombre que alegue haber presenciado un acto considerado inmoral pueda ejercer castigos discrecionales, mientras que otorga a los maridos la potestad explícita de castigar a sus esposas, normalizando la violencia como un deber religioso más que como un delito.
En este contexto, juristas y defensores de derechos humanos advierten que las afganas quedan expuestas a agresiones constantes, sin protección efectiva ni vías reales de denuncia ante autoridades que comparten la misma visión misógina.
Este giro legal supone el desmantelamiento definitivo de los avances alcanzados en la última década previa al retorno de los talibanes al poder, cuando existía una ley específica para la eliminación de la violencia contra las mujeres que reconocía la gravedad de abusos como la violencia doméstica, las violaciones y los matrimonios forzados.
Esa normativa permitía condenas de hasta un año de prisión por agresiones en el ámbito familiar, mientras que, bajo el nuevo código, incluso en los casos en que una mujer logra probar una agresión grave, la pena máxima que enfrentaría el esposo sería de apenas quince días de detención, un mensaje contundente de que el Estado ya no considera la violencia de género como un crimen serio.
La nueva regulación se suma a una larga cadena de decretos y órdenes emitidos desde 2021 que han ido borrando a mujeres y niñas del espacio público y de la vida social del país. Organismos de Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos documentan más de cincuenta disposiciones que restringen su libertad de movimiento, su acceso a la educación secundaria y universitaria, al empleo, a los parques, gimnasios y a la mayoría de espacios públicos, además de imponer un uso obligatorio y estricto del velo bajo amenaza de arresto, hostigamiento y castigos corporales.
Informes recientes describen un patrón sistemático de discriminación y violencia que ya se califica como persecución de género e incluso como una forma de apartheid de género sin precedentes a nivel mundial.
El impacto de este andamiaje legal sobre la vida cotidiana de mujeres y niñas afganas es devastador: cada nueva regla refuerza una cultura de miedo en la que salir de casa sin acompañante masculino, buscar atención médica o intentar trabajar puede derivar en arresto, flagelaciones públicas o agresiones impunes en manos de familiares, vecinos o funcionarios.
Los relatos recopilados por misiones de la ONU y organizaciones de la sociedad civil hablan de detenciones arbitrarias por “mala hijab”, abusos sexuales en centros de detención, aumento de matrimonios forzados y casos de mujeres asesinadas en un ambiente en el que el Estado, lejos de protegerlas, habilita a los agresores
Expertas en derechos humanos advierten que la combinación entre este nuevo código penal y el entramado previo de edictos talibanes crea una situación límite en la que la violencia contra mujeres y niñas deja de ser una violación aislada para convertirse en una política de Estado.
Mientras la comunidad internacional debate cómo responder y cómo documentar estos hechos como posibles crímenes de lesa humanidad, las afganas enfrentan, casi en silencio y sin recursos, una realidad en la que la ley ya no es refugio, sino instrumento de opresión que consagra jurídicamente la posibilidad de ser golpeadas, humilladas o incluso asesinadas sin que nadie rinda cuentas.
