En México avanza el debate por una propuesta conocida como Ley Cazzu, una iniciativa impulsada desde el Congreso de Michoacán que busca impedir que padres ausentes o deudores alimentarios bloqueen viajes, pasaportes y otros trámites de sus hijos menores de edad. La propuesta se inspira en el caso mediático de la cantante argentina Cazzu y el mexicano Christian Nodal, cuyo conflicto por los permisos de viaje de su hija puso en el centro de la discusión el uso de los trámites migratorios como forma de control en contextos de separación y violencia vicaria.
Actualmente, la legislación mexicana exige en la mayoría de los casos la autorización de ambos progenitores para que niñas, niños y adolescentes puedan tramitar pasaporte o salir del país, incluso cuando uno de ellos no participa en la crianza ni cumple con la pensión alimenticia. Esto obliga al padre o madre que tiene la guarda y custodia a iniciar procesos judiciales largos y costosos para conseguir un permiso, lo que puede hacer que los menores pierdan oportunidades educativas, deportivas o familiares al no poder viajar a tiempo.
La llamada Ley Cazzu, presentada por la diputada local Sandra Arreola Ruiz del Partido Verde Ecologista de México, plantea reformas para que, en casos comprobados de abandono parental, falta de convivencia o incumplimiento de obligaciones alimentarias, el progenitor que ejerce la custodia pueda autorizar viajes nacionales e internacionales y tramitar pasaportes sin depender de la firma del otro. La iniciativa busca reducir la carga probatoria y priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, de modo que su derecho a la movilidad no quede sujeto al veto de un padre que no está presente en su vida cotidiana.
El proyecto también se inserta en una tendencia de reformas con nombre propio que han surgido en México a partir de casos emblemáticos, como la Ley Sabina contra deudores alimentarios o la Ley Monzón para proteger a hijos de víctimas de feminicidio. En la exposición de motivos, sus impulsores advierten que la situación que vive Cazzu refleja la realidad de millones de familias: se estima que más de once millones de madres solteras asumen solas el cuidado de sus hijos y que tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia, contexto en el que la negativa a firmar permisos se convierte en un mecanismo de presión y control.
Aunque la Ley Cazzu apenas inicia su ruta legislativa y deberá ser discutida en comisiones antes de avanzar, ya generó un intenso debate público en redes sociales y medios de comunicación sobre hasta dónde deben llegar las facultades de los padres ausentes y cómo equilibrar el derecho de convivencia con la protección de la niñez. Para sus defensores, la iniciativa abre la puerta a corregir un vacío legal que castiga a los menores en conflictos entre adultos, mientras que sus críticos piden revisar con lupa los criterios para acreditar abandono o incumplimiento, a fin de evitar abusos y garantizar que cualquier cambio mantenga en el centro el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
